Formación y realidad Vs. Mitos y leyendas: "la proporcionalidad a juicio"

Por: Ernesto Pérez Vera

Promuevo este texto tras pasar varios días oyendo a mis compañeros en el campo de tiro. Reflexiono sobre lo que decían. Muchos de ellos admiten su temor a usar el arma. Normal. Lo bueno es que  no lo ocultan. He decidido redactar este artículo después de oír mil preguntas y supuestos planteados por ellos. Algunas de las escenas cuestionadas  eran muy holibudienses, pero no estaban totalmente alejadas de lo posible en nuestras calles.

El empleo del arma de fuego es, como norma general, el último recurso que una persona debe emplear contra otro ser humano, máxime cuando quien emplea el arma es un profesional de la seguridad. Las armas de fuego pueden, por su propia concepción, acabar con la vida en general y con la humana en particular, y además con relativa facilidad.

La Constitución española, en su artículo 104.1, asigna a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de “proteger el libre ejercicio de los derechos y deberes y garantizar la seguridad ciudadana”. Y en el punto 2 del mismo artículo establece “que una ley orgánica dictará las competencias y principios básicos de actuación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 13 de marzo, es esa ley orgánica (LO) a la que se refiere la Constitución. Esta norma reafirma, en el artículo 5, dicha misión. Los principios básicos de actuación establecen cuales son las condiciones y situaciones en las que se puede y debe hacer uso de las armas de fuego, por parte de los miembros de los cuerpos policiales de nuestro país. Esta misma ley fija (artículo 6.2.a): “La formación y perfeccionamiento de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrá carácter profesional y permanente”. Esto incluye, obviamente, la instrucción en materia de armas y tiro. 

A la par que estas normas jurídicas, cada una de las comunidades autónomas posee, en vigor, una ley    que regula la coordinación de los diferentes cuerpos de Policía Local de su región. En tales texto, llamados leyes de coordinación de policías locales, existen artículos que apuntan en la misma dirección y sentido que la susodicha LO 2/86.

Incluso la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó, el 8 de mayo de 1979 en su sesión ordinaria 31, la resolución 640 relativa a la Declaración sobre la Policía, estableciendo en su artículo 13: “Que es necesario dar a los funcionarios de policía instrucciones claras y precisas sobre la manera y circunstancias en las cuales deben hacer uso de sus armas”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1982 ya establecía lo que sigue: “…que empleen sus armas de fuego solamente en aquellos casos en los que las circunstancias que concurran, en las situaciones a las que se enfrentan, hagan racionalmente presumir una situación de peligro o riesgo real para ellos o terceras personas, únicamente superado (eliminado) mediante esa utilización, y lo hagan de forma adecuada para evitar consecuencias irreparables que no vengan justificadas por la gravedad del contexto del hecho en que se encuentran”. Dicha sentencia fue integrada en las Circular 12/87, de 3 de abril, de la Subdirección General Operativa del Cuerpo Nacional de Policía.

Escritos de interpretación al respecto, tanto en documentos de valor jurídico como en circulares e instrucciones, hay muchos, pero formación real y concienciación hay muy poca. Mucho miedo es lo que existe, pero no solamente a que otra persona ejerza acciones físicas letales contra nosotros, sino miedo —pavor más bien— a echar mano del arma aun cuando sea para conminar por razones más que justificadas.

Mitos y tabúes se han ido inculcando, durante décadas, en las mentes de los agentes españoles de seguridad pública y privada. Ninguno de los dos sectores escapa a esto. En las academias y unidades de destino, a los operarios armados siempre se les trata de hacer creer que el arma es yuyu. Se crean tabúes. La mayoría de las veces se inoculan tan peligrosos y falsos pensamientos por pura ignorancia. El desconocimiento nace de la nula formación. Es lamentable y hasta delictivo, que jefes, instructores y profesores recalquen a sus subordinados o alumnos la idea de que jamás deben extraer el arma de la funda. ¡Vergonzoso! Pero la responsabilidad de que esas cosas ocurran la tiene la Administración. Al mencionar a la Administración me refiero a los poderes públicos locales, autonómicos y centrales. De todas esas administraciones emanan normas que, en mayor o menor medida, regulan aspectos organizativos y operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también de los servicios privados de vigilancia.

Que la formación, concienciación y mentalización son inadecuadas y arcaicas, en lo relativo al uso de las armas de fuego, es algo que todos los que tienen responsabilidades de mando y coordinación conocen. Lo triste es que nadie le pone el cascabel al gato. A los jefes de policía no les interesa el tema. Que los funcionarios bajo su mando sean hábiles y seguros tiradores solamente es cuestión de entrenamiento —el apropiado—, pero eso implica gasto económico y consumo de horas en la cancha de tiro durante la propia jornada de trabajo. Esto es visto como algo negativo a la vez que innecesario. El consumo de munición implica inversión monetaria y que los funcionarios abandonen las calles por espacio de unas horas para ejercitarse con las armas. Es, para quienes tienen el control, perder la posibilidad de aumentar los datos estadísticos que decoran los informes. Papeles que por cierto se emplearán para asombrar, y muchas veces engañar, a los responsables políticos: a la Administración. Unos por otros… y la casa sin barrer.

Como es miedo lo que aflora a la hora de decidir si usar o no el arma, debemos recordar algunas cuestiones legales. El temor que más se resuma es el de la responsabilidad penal. Usar el armamento puede suponer extraerlo para conminar o solamente exhibirlo en prevención. Utilizar la pistola no implica forzosamente disparar contra alguien.

Repasemos algunos aspectos jurídicos. Nuestro vigente Código Penal establece en el artículo 20 las causas que eximen de la responsabilidad penal. Son numerosas las razones que extinguen el reproche judicial, pero vamos a reflejar las que pueden ser atendidas en función de las circunstancias personales de casi todos los que están ahora leyendo este texto (profesionales armados):

Está exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

1º.- Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.

2º.- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

3º.- Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

También estará exento de responsabilidad criminal el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona —provocar lesiones o la pérdida de la vida, por ejemplo— o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
2º.- Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
3º.- Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

1.      El que obre impulsado por miedo insuperable.

2.      El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (los policías que se defienden, por ejemplo).

Creo que esta frase deja clara muchas cosas, o al menos debiera hacerlo: “El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. Los policías no es que puedan usar las armas de fuego u otras —que por cierto, defensas o porras sí que se usan cotidianamente, proporcionalmente a la agresión. Pues con las pistolas igual, la misma proporción ha de considerarse—, sino que están obligados a ello. Seguro que todos pueden plantearse un supuesto en el que un policía podría ser condenado por no emplear su arma de fuego, en vez de ser condenado por usarla.

Lean esta definición de legítima defensa y mediten sobre ella, es muy buena. Es inmejorable: “El defensor debe elegir de entre varias clases de defensas posibles, aquella que cause el mínimo daño al agresor —elegirá entre los medios de que dispone en ese preciso instante—, pero NO por ello tiene que aceptar la posibilidad de daños a su propiedad o lesiones en su propio cuerpo —no necesariamente se debe estar herido para iniciar una acción defensiva—, sino que ESTÁ LEGITIMADO para emplear, como medios defensivos, los medios objetivamente eficaces que permitan esperar, con seguridad, la eliminación del peligro —medio que garantice la eficacia—”.  (BGH GA 1956,49 y Roxin, C., Derecho Penal. Parte General…, T. 1, Edit. Thomson Civitas, Madrid, 2003, p.628/9).

Amigos lectores, piensen un poco en esto: ¿creen que existen más sentencias condenatorias que absolutorias contra policías que usaron su arma? Admito que sin datos empíricos en la mano, todos conocemos, por el pábulo que la Prensa regala a estos casos, más sentencias condenatorias. Sin embargo, ¿a qué todos saben de incidentes de compañeros que dispararon alguna vez su arma contra otro ser humano? Sí, claro que sí, por el boca a boca y por los propios medios de comunicación. Conocemos sucesos en los que las personas mueren o resultan heridas por disparos efectuados por funcionarios policiales, pero no siempre nos enteramos, porque la Prensa no lo hace público, que casi todos fueron judicialmente absueltos en su momento. Los medios se hacen eco del suceso en caliente y durante tres días “queman vivo a los agentes”. Pasado el tiempo, cuando realmente se sabe qué ocurrió y cómo, casi todos los policías quedan libres de reproches judiciales, pero tal verdad no resulta ya jugosa para los informadores.

Para hablar de cada caso, porque nunca hay dos iguales por más que se parezcan, hay que conocer todos los pormenores. Hay que tener en la mano todas las pruebas y declaraciones. Pero sobre todo hay que saber interpretar lo que se tiene ante sí. A parte de los periodistas, los propios funcionarios damos realce y pábulo a las sentencias condenatorias de nuestros semejantes. ¿Por qué lo hacemos? No lo sé, pero lo hacemos. Con ello solamente conseguimos inyectar temor a quienes oyen la noticia (policías y vigilantes). Si se repasan todas las resoluciones condenatorias contra policías que usaron su arma de fuego veremos que, con la ley en la mano, las sentencias se ajustan generalmente a Derecho. Esto aporta el conocimiento de todas las pruebas válidas tenidas en cuenta en cada incidente o proceso. Por duro y sangrante que nos parezca, es así. Prueba de ello pueden ser los otros tantos dictados absolutorios que, incluso siendo públicamente conocidos, no se lanzan a los cuatro vientos con la misma intensidad que los negativos.

Un ejemplo. En mayo 2010 fue absuelto el policía autonómico catalán que el 2 de mayo de 2007 mató, de varios disparos, a un esquizofrénico. El fallecido atacó al policía con un pico (en realidad acometió a varios agentes más). El atacante, según los sanitarios que fueron testigos de los hechos, sufría un brote sicótico incontrolable. Ningún agente resultó herido, pero estuvieron a punto de serlo. El agente, con el único medio eficaz que poseía —la pistola—, disparó numerosas veces. Al funcionario lo “crucificaron vivo” en la Prensa en aquel momento, pero finalmente fue absuelto de todo cargo. El mosso obró en el ejercicio de un deber y con ocasión de estar ejerciendo su cargo. Empleó un medio proporcionado al pico con el que lo atacaron. Usó el único medio eficaz del que disponía. ¡Atentos!, digo eficaz.

Las lesiones que el pico podía provocar en el cuerpo del agente podrían haber sido incluso más letales que los disparos efectuados por el funcionario. Ojo con este dato: el padre del fallecido, presente en el lugar del suceso, fue herido por el rebote de un proyectil de los disparados por el policía. Antes de disparar contra el fallecido, el funcionario efectuó disparos intimidatorios sin éxito.

El agente absuelto aseguró en el juicio: “Al verlo encima disparé, me giré y continué corriendo hacia delante. Cuando me volví a girar, porque había llegado a la zona donde estaba el personal médico (una ambulancia comisionada), comprobé que lo tenía detrás con el pico levantado y efectué varios tiros apuntando al cuerpo. El personal médico estaba a mi espalda, si huía los dejaba desprotegidos”.

La Justicia no ha ofrecido al policía la opción de portar un pico en el maletero del coche patrulla. La proporcionalidad no implica emplear el mismo utensilio defensivo y atacante, entre la víctima y el agresor. La proporcionalidad hace referencia al uso de medios —los que se posean en ese justo instante— que puedan, con eficacia y garantía, paralizar o detener una acción que de no ser detenida con firmeza producirá lesiones graves o la pérdida de vidas. Ahora bien, si las causas que motivan el empleo del arma desaparecen —agresión agotada—, no procederá el empleo de la defensa que se iba a utilizar en un principio.

El uso del arma (sea de fuego o no), cuando todo apunta que hay que emplearla, debe ser instantáneo y coetáneo con el ataque, no antes de que se produzca y tampoco después de que desaparezca. Debe ser parejo lo uno y lo otro, el ataque y la defensa. De no ser así se derivarán responsabilidades penales de quien efectúa la defensa atemporal.


Lógicamente, a todo ser humano le asusta el hecho de verse imputado por lesiones u homicidio, incluso cuando las pruebas tomadas señalan que se obró conforme a Derecho. A nadie le gustaría estar procesado por hechos del corte de los que se están tratando en este artículo. De todos modos, es natural que a quien provoca la muerte de otro ser humano se le impute por ello, qué menos que se le tome declaración.  Después, si todo se hizo como se debe hacer y las evidencias así lo acreditan —con los medios disponibles hoy, las cosas casi siempre se pueden demostrar—, no habrá que temer nada. Pero sí, es cierto, Dios nos libre de vernos en la dura situación de pena de banquillo.■