JUSTA SENTENCIA: lo que muchos desconocen y otros esconden…

Por Ernesto Pérez Vera

Hoy os doy a conocer una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que debería ser continuamente recordada por policías, políticos y periodistas. La sentencia STS 6011/1994, emitida por la Sala de lo Penal del alto tribunal, siendo magistrado ponente el excelentísimo señor don Justo Carrero Ramos, es para chuparse los dedos, que me gusta a mí decir. La susodicha resolución me ha llegado de la mano de José Moreno, amigo y compañero del Cuerpo Nacional de Policía (CNP); persona experimentada y comprometida con el trabajo callejero. Gracias, Pepe. Sé que esto es más de lo mismo, pero así debe ser hasta que todos los actores intervinientes en estas funciones tengan las cosas claras.

Los hechos objeto del recurso de casación se remontan a la madrugada del 4 de enero de 1988. Menudo regalito de Reyes Magos. Ha llovido mucho, también lo sé. Pero los policías seguimos siendo de la misma especie animal que en aquel momento, y el concepto jurídico de legítima defensa no ha variado pese a las numerosas modificaciones sufridas por el Código Penal en este lapso. La resolución final, la que nos interesa, es del 24 de septiembre de 1994.

Según consta, un juzgado de instrucción de Alicante instruyó el sumario que posteriormente remitió a la Audiencia Provincial (AP), la cual dictó, en marzo de 1993, la sentencia que don Justo corrigió un año más tarde. ¿Que qué pasó? Pues según el primer pronunciamiento judicial, esto: Un agente del CNP, fuera de servicio, caminaba de madrugada por una vía pública de la antedicha ciudad. En un momento dado advirtió una serie de gritos y sonidos propios de quien está siendo violentado. Con ánimo de ayudar, como obliga su condición de funcionario de policía, localizó un vehículo estacionado en cuyo interior comprobó que se encontraban dos personas: varón el conductor y mujer la acompañante, siendo ella quien emitía los sospechosos sollozos.

Así las cosas, el funcionario se acercó a la ventanilla de la acompañante y le preguntó a la mujer por su situación, manifestando, ésta, que se encontraba bien y que se marchara del lugar. Como quiera que el policía no tenía totalmente claro lo que allí estaba ocurriendo, insistió varias veces más. Tras esto, el conductor del automóvil, que era el novio de la fémina, descendió del coche blandiendo en una de sus manos una barra metálica. Se trataba de la típica herramienta bloqueadora del volante, destinada a evitar la sustracción del vehículo. Con claro ánimo de agresión, y mostrando un elevado estado de alteración —así consta en la sentencia de la AP—, el sujeto se acercó al policía de forma violenta, momento en el que éste, a viva voz, hizo conocer su condición de agente de la autoridad. No sirvió de nada. Con la manifiesta identificación policial no consiguió que el varón depusiese su violenta actitud. Fue entonces cuando el agente desenfundó una pistola Astra del calibre .22 LR, de su propiedad y no reglamentaria, efectuando un disparo al aire. Tampoco esto amedrentó al hombre, que prosiguió hacia el servidor público blandiendo el instrumento, el arma.

Alcanzados ya los dos metros de distancia entre ambas personas, y creyendo el funcionario que iba a ser golpeado con el objeto metálico —riesgo de potencial e inminente perpetración—, efectuó un segundo disparo, pero ahora ya contra el torso de su atacante. El impacto alcanzó el costado derecho, penetrando el proyectil hasta el hígado. La bala no abandonó el cuerpo, se detuvo en las vertebras lumbares. El disparo consiguió su fin: acabar con la amenaza real que suponía el individuo armado con la barra acerada. El tipo cayó desplomado al suelo, siendo asistido por el propio policía, quien además pidió apoyo desde una cabina de teléfono. Llamó a la Sala del 091, a la de su propio cuerpo de seguridad. Tras meses de tratamiento y cuidados médicos, el herido sobrevivió. Según se refleja en la resolución judicial, contrajo matrimonio con la chica que era su novia el día de autos, con la primera víctima de todo esto.

Pues bien, con todo esto, la AP condenó al policía a pena de prisión, a pena de inhabilitación y a otra menor. Homicidio en grado de frustración fue el tipo penal de cuya mano llegó la condena (jurídicamente no existe hoy la frustración). No conforme con el fallo, el policía recurrió ante el TS. Muy bien que hizo, como seguidamente comprobarán. Don Justo, el magistrado de TS, lo fue: fue justo, cual Justiniano, el padre del Derecho Romano. El fallo de tan alto tribunal consideró que había existido legítima defensa por parte del policía, argumentándose sobresalientemente en la sentencia. El agente fue absuelto.

Textualmente, dice la sentencia:

Consta en éstos que el agresor, presa de excitación, se dirigió rápidamente al hoy procesado (el policía) blandiendo amenazadoramente la barra de hierro de sujeción antirrobo del volante, en actitud de "franca agresión que podía poner en peligro su vida o su integridad física". Asimismo, ni la repetida advertencia por el agredido de que era policía, ni la exhibición de su arma, ni un disparo dirigido al aire fueron suficientes para disuadir al agresor que, por el contrario, siguió aproximándose en su mismo afán agresivo para subir a la acera en que se encontraba aquél, hallándose ya a menos de dos metros.

Tal era la situación, que el policía, retrocediendo, hizo el segundo disparo ya dirigido al cuerpo de su antagonista, produciendo la herida que ha motivado la condena por homicidio frustrado. Así los hechos, para evaluar esa necesidad legal de racionalidad del medio defensivo empleado, hay que atender a los siguientes factores:

1º) Proporcionalidad de medios agresivos y defensivo. No existe, por principio, desproporción por el uso del arma de fuego frente a una barra rígida de hierro blandida decididamente por un hombre de 33 años, excitado y con afán agresivo.

2º) Agotamiento prudencial de acciones disuasivas posibles, como se desprende inequívocamente del relato (Nota del autor del artículo: el agente dio el ‘¡alto Policía!’, mostró su arma e incluso disparó al aire).

3º) Necesidad residual consecuente del uso directo del arma para frenar al agresor, ante la ineficacia patente de aquellos recursos (Nota del autor del artículo: queda claro que los demás intentos no funcionaron).

4º) No exigibilidad del recurso a la fuga y menos aún al tratarse el agredido de un policía que ya había exteriorizado su condición de tal (Nota del autor del artículo: a un policía no se le puede exigir que huya para evitar disparar. Hizo lo que tenía que hacer por imperativo legal: actuar y no mirar hacia otro lado).

5º) Capacidad de reflexión o raciocinio para ponderar el uso más mesurado aconsejable del medio o arma con que cuenta el sujeto que se defiende. Este es el punto más delicado de calificar, porque el juzgador no puede plantearse la situación en términos de absoluta y fría objetividad, sino que tiene que procurar empatizar con el decidente en su propia situación objetiva: una emergencia, pero valorada subjetivamente desde su perspectiva y contando con escasos segundos para su opción.

Es sobre este factor sobre el que el juzgador de instancia (el juez que condenó en la AP) se ha pronunciado en su sentencia, modélica por otra parte, por su extensa y excelente motivación, para afirmar que el acusado se excedió porque debió dirigir su puntería a un miembro en vez de al tronco, porque al tirar al cuerpo tenía que admitir peligro letal para el agresor y hubiera bastado para detener su amenaza disparar a una pierna o a un brazo, por ejemplo (Nota del autor del artículo: ¡ojo! esto es lo que pensaba el juez que condenó al policía).

Qué iluso fue su señoría. Pero la culpa no fue de él, seguramente alguien le había dicho mil veces, quizá un jefe de policía, que ellos, los polis, son máquinas muy entrenadas; y que nunca un impacto en una pierna acaba con la vida humana. ¡Cuánta ignorancia, Dios mío! En cualquier caso, ¿acaso un disparo dirigido a una pierna o a un brazo garantiza un impacto en tales órganos motrices? No y mil veces no. Si eso fuese así de fácil, todos seríamos campeones olímpicos en tiro: solo habría que apuntar siempre al ‘10’… y ya está.

Sigamos desmenuzando la literalidad de la sentencia: Tal razonamiento (el del juez condenador) no toma en cuenta la realidad de urgencia por peligro inminente para la propia integridad, ni las circunstancias de visibilidad (03:30 horas de la madrugada de enero), de movimiento del blanco, de nerviosismo y de la inseguridad de acertar sobre objetivos de limitadas dimensiones. La alternativa en caso de fallo o de insuficiencia del impacto, es la inevitabilidad del golpe del adversario.

Y todo eso no es racionalmente exigible al amenazado, como no es tampoco afirmable, tan rotundamente, que un policía tenga que estar en esas circunstancias tan seguro de su puntería ni tan rápido en elegir su opción y pasar a la acción decidida con resultado a la vez eficaz y moderado. Tal vez sea mucho pedir al sometido a esa prueba, por los ajenos a la situación concreta. No se reflexiona lo mismo en frío que en tensión y con el natural temor de sufrir la contundencia agresora, en caso de error. Ni pueden valorarse los hechos dejándose llevar por consideraciones basadas en los resultados físicos o económicos ocasionados al sujeto agresor inicial.

En conclusión, dados los hechos recogidos en el relato probado, aparece justificada la necesidad de disparar para detener eficazmente la amenaza inminente y grave del agresor. Por ello, se aprecia la concurrencia de todos los requisitos para estimar la eximente completa de legítima defensa y, consecuentemente, del motivo (Nota del autor del artículo: fin de lo textualmente extraído de la sentencia).

Amigos, este juez no solamente usó el Derecho, sino que también derrochó grandes dosis de lógica y de sentido común. Esta resolución debería estar enmarcada y colgada en todas las galerías de tiro de los cuerpos de seguridad, de todo el país. ¡Ya está bien de meter miedo! Eso sí, lo que don Justo ve tan claro, porque de hecho lo es, puede demostrarse científicamente por médicos, y técnicamente por instructores de tiro bien formados. ¡Invitemos a los jueces y fiscales a conocer la realidad de los enfrentamientos armados y la de nuestro adiestramiento! He dicho mostrar la realidad, la verdad, no las mentiras que los jefes y los políticos quieren vender a la opinión pública, de la mano de los instructores que no instruyen, sino que destruyen.■