ACTUACIÓN POLICIAL BÁSICA: SUPUESTOS DE POSESIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES Y/O PSICOTRÓPICAS

Por, Ernesto Pérez Vera

La droga es una de las grandes lacras de la sociedad actual. Muchos de los problemas sociales que sufrimos van ligados al consumo de sustancias estupefacientes, siendo aún mayor el problema cuando ese consumo es llevado a cabo con tal habitualidad que provoca adicción. Ahí nace, muy probablemente, la raíz de otro problema… el legal.

No todos los adictos tienen que recibir reproche legal, pues no todos comenten ilícitos. Lo que sí es verdad es que la inmensa mayoría de los delitos que afectan directa y personalmente al ciudadano —especie animal más común de la sociedad— vienen de la mano de la droga, por ejemplo: la perpetración de delitos de robos, en todas sus modalidades. El botín de tales ilícitos suele sufragar el consumo de drogas de los adictos infractores de las normas penales.

La droga y la ley van directamente ligadas. En España está prohibido el consumo y tenencia de sustancias estupefacientes en lugares, transportes, establecimientos y vías públicas, si bien este reproche se lleva a cabo de modo administrativo y NO en la vía judicial-penal (Ley Orgánica 1/92). Lo anteriormente expuesto será, así, siempre que la tenencia esté destinada al autoconsumo.

Sí será perseguido de modo judicial el mercadeo de dichas sustancias, esto es lo que el Código Penal (CP) denomina delito Contra la Salud Pública (CSP). Este delito se puede manifestar en varias modalidades pero hoy, ahora y aquí, se tratará el de la modalidad de Tráfico de Drogas por la mera tenencia de determinadas cantidades de sustancias estupefacientes, se esté o no mercadeando o trapicheando con ellas.

Además del traficante y/o consumidor de drogas —siempre que hablemos de drogas, en este texto, nos estaremos refiriendo a las prohibidas—, quien más contacto directo mantiene con estas sustancias es el agente de policía, el cual, amparado por el vigente ordenamiento jurídico y pertenezca al cuerpo policial que pertenezca, está obligado a perseguir cualquier ilícito, incluido los que están relacionados con estas sustancias. Naturalmente, lo anterior será así siempre que se tenga conocimiento de la existencia de caracteres de delito en alguna acción que se detecte o de la que se tenga información.

Otra ley orgánica (LO), la 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece algo que está directamente relacionado con el párrafo anterior. Según dicta la norma referida, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todo tiempo y lugar, se hallen o no de servicio, deberán intervenir en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana (artículo 5, 4).

A mi entender, el legislador quiso con esa frase obligar a los agentes a actuar cuando se encuentren francos de servicio, pero también ampararlos y protegerlos jurídicamente en dichas intervenciones. Entiendo que al referirse a la ley se refiere al ordenamiento jurídico completo —ley en todo su amplio sentido—, esto es, el conjunto de todas las normas jurídicas vigentes en el Estado.  Y al decir esta frase, “en defensa de la seguridad ciudadana”, quizá deba entenderse que el funcionario fuera de servicio está obligado a intervenir, también, ante las infracciones a la LO 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana, aunque estas sean administrativas. Ya lo sé, la LO 2/86 nació muchos años antes que la LO 1/92, pero bueno, al fin y al cabo la segunda norma está dentro del Derecho Positivo.

DECIDIR COMO ACTUAR, en segundos

Durante su quehacer profesional, el funcionario de policía se suele encontrar con situaciones ambiguas sobre las que, en solo unos segundos, debe decidir cómo afrontarlas. Además tiene que culminar el servicio sin conculcar derechos ni infringir norma jurídica alguna. En lo relativo a sustancias estupefacientes los agentes suelen encontrarse con supuestos muy variados, así pues, cuando encuentra pequeñas cantidades de droga durante cacheos o requisas de coches o bolsos, suele saber de modo inmediato que se encuentran, generalmente, ante una infracción administrativa perseguida por la LO 1/92, sancionada mediante su artículo 25,1.

En virtud del mismo artículo antes referido, el 25,1, también se sanciona una infracción poco conocida y a veces olvidada: el abandono de útiles destinados al consumo de sustancias estupefacientes (jeringuillas, bazukos, o papel de aluminio) que pudieran haber sido utilizados para inyectar, quemar o inhalar heroína, por ejemplo. Este abandono puede ser perseguido también judicialmente, pues podría constituir una falta penal Contra los Intereses Generales (artículo 630 CP). Eso sí, siempre y cuando el agente actuante considere que tal dejación se llevó a cabo en lugares de especial riesgo de contagio, como por ejemplo el patio de un colegio o un parque infantil. Ergo, habría de iniciar una denuncia/atestado con remisión a la autoridad judicial.

Todo, hasta aquí, es muy habitual y normal, siendo estas prácticas muy cotidianas en todos los cuerpos policiales del país. Pero existen situaciones, también muy frecuentes, en las que surgen dudas. Son los casos en los que los policías localizan en registros de coches, personas o bolsos, cantidades de drogas que están por encima, en cuanto a peso o cantidad, de lo que se debería estimar como cantidad lógica y objetiva para el consumo propio. En estas situaciones puede que los funcionarios hallen cantidades que les hagan dudar si se encuentran ante un delito CSP o frente a una infracción administrativa. No pasará esto cuando la cantidad sea exigua o todo lo contrario, que objetivamente sea superior a lo que dicta el sentido común.

Por ejemplo, un caso muy habitual: el policía que incauta un trozo de hachís de 5 gramos (g) de peso sin que existan más circunstancias que el mero porte de la sustancia en un bolsillo. Ante este común supuesto, el agente sabrá, siempre, que se encuentra ante el ilícito administrativo. Pero si el trozo de la droga referida arrojase un peso de 40 g, por ejemplo, el agente se preguntaría o podría llagar a cuestionarse si se enfrenta a una actuación de relevancia administrativa o judicial.

LA  AMBIGÜEDAD  EN  OTRO  DELITO  YA  ESTÁ  ZANJADA

El CP nada establece al respecto, quiero decir que nada refiere de cantidades máximas o mínimas sino que deja a criterio del actuante y a la valoración de otras circunstancias que rodeen la intervención —aparte de la incautación de propia sustancia—, el hecho de iniciar una denuncia administrativa o instruir un atestado policial por un delito CSP.

Esto que acabamos de exponer me recuerda algo que venía ocurriendo hasta hace muy poco tiempo con otro tipo penal, con el delito Contra la Seguridad del Tráfico (CST), ahora, y tras las últimas modificaciones legislativas al respecto: delito Contra la Seguridad Vial (CSV). Pues bien, antes de la referida modificación, en los supuestos de ingesta de alcohol por parte de los conductores de vehículos a motor o ciclomotores, estos podían ser imputados cuando dicho consumo hubiera influido negativamente en la conducción. Pero esta influencia debía ser valorada, siempre, por los agentes de la autoridad intervinientes. Todo quedaba a su buen criterio y juicio. Algo ciertamente arriesgado. No existía una tasa baremable para dirimir entre el delito y la infracción administrativa del artículo 20 del Reglamento General de Circulación.

Sentido común y objetividad era lo que aplicaba y exigía y a veces sugerencias o indicaciones de la Fiscalía, la cual podía considerar que una persona sometida a la prueba de impregnación alcohólica en el organismo debería ser imputada cuando su tasa fuera especialmente alta. ¿Pero qué era elevado, cuál era el rasero? A veces incluso una moderada tasa se consideraba delictiva, eso sí, siempre que se hiciera acompañar el atestado de un amplio acta de síntomas externos que, a criterio de cualquiera, hiciera deducir que el conductor sometido a la prueba se encontraba bajo la influencia del alcohol y que por ello no gobernaba, al cien por cien, sus actos, habilidades motoras y capacidades cognitivas.

Ha cambiado la cosa. Hoy se imputa directamente el delito CSV a todo aquel que, en ambas pruebas —legalmente se deben de hacer dos en un espacio de tiempo, como mínimo, de diez minutos—, arroje una tasa igual o superior a 0,60 mg/l de aire espirado. Esta cantidad es la que decide entre delito o falta administrativa, independientemente de la sintomatología externa que presente el interfecto. De todos modos, y dicho lo anterior, las fiscalías y autoridades competentes suelen aconsejar a los agentes el permitir unos márgenes hacia arriba, en favor del sometido al test. Hay que considerar que los aparatos de precisión que determinan la tasa pueden variar sus resultados y mediciones incluso cuando estén reglamentariamente calibrados por los organismos oficiales autorizados para ello. Significar que también ahora se puede instruir atestado incluso cuando la tasa presentada sea inferior a 0,60 mg/l, siempre que el sometido presente síntomas claros de hallarse bajo la influencia del “agua de fuego” (también en caso de drogas).

Retomando el hilo protagonista del artículo, decir que en los delitos CSP no existe, a día de hoy, un establecimiento fijo de mínimos y máximos, al menos a nivel de CP. Por ello surgen tantas veces las dudas en cuanto a cantidades mínimas para proceder ante un posible delito o una infracción a la LO 1/92. Lo que hasta la fecha se usa como referencia para proceder a la detención, imputación o a la propuesta de sanción administrativa, son las jurisprudencias, órdenes, indicaciones e instrucciones de las fiscalías antidrogas.

Se debe entender esto del siguiente modo: no es lo mismo incautar 50 g de hachís en Cuenca, que requisarlos en Algeciras, La Línea de la Concepción, Barbate o Ceuta, por ejemplo. Seguramente en la capital conquense sea más llamativa y valorada una aprehensión con esa, pero no tanto en las otras localidades reseñadas. Quizá el legislador debería, mediante el articulado del CP —o sea mediante LO—, establecer unas cantidades mínimas de relevancia judicial como ya hiciera con las tasas de alcohol en el organismo de los conductores de vehículos a motor, y otros.

Así pues, las fiscalías antidrogas, en virtud de las especiales incidencias policiales en materia de drogas, suelen dictar instrucciones de cómo proceder según los casos y cantidades intervenidas —peso de la sustancia— en virtud del área geográfica en que nos encontremos. Estas instrucciones vendrán estudiadas y basadas en las prácticas policiales habituales en la represión del tráfico de drogas en todo el territorio nacional, así como amparadas por reiteradas jurisprudencias y demás sentencias.

ALGUNOS EJEMPLOS

Seguidamente, y de modo muy somero, veremos cuáles son las sustancias que más frecuentemente incautan los agentes de la autoridad de nuestro país; así como las cantidades máximas que la Justicia viene considerando como legalmente portables sin ser perseguidas judicialmente, aunque sí lo sean en la vía administrativa.

Antes de entrar en detalles sobre las cantidades (pesos), es preciso saber que la Fiscalía General del Estado (FGE), ya en 1984 y mediante la Circular 1/84, estableció las cantidades estimadas como de media diaria de consumo personal. Posteriormente, en 2001, el Tribunal Supremo (TS) comenzó a usar una tabla elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología (INT) que establecía valores similares a los de la Circular antes referida, siendo en algunos casos de valores idénticos. Esas dosis medias de consumo diario vienen siendo avaladas por reiteradas sentencias del TS.

En lo que concierne a la COCAÍNA se considera, médica y legalmente, que el consumo medio de una persona adicta es de 1,5 g diarios, pudiendo alcanzarse los 5 g en personas con una especial dependencia o adicción. La jurisprudencia considera que un individuo puede portar la cantidad de droga bastante para su autoabastecimiento, durante cinco días, sin cometer delito. Eso sí, tal porte puede perseguirse en la vía administrativa mediante la muchas veces señalada LO 1/92.

Cuando hablamos de HEROÍNA se viene considerando que el consumo medio de un adicto está entre 0,14 mg y 0,25 mg, si bien estas cantidades se pueden repetir en una media de 4 “tomas diarias”. Por ello, y sabiendo que el tope de dosis o cantidad de autoabastecimiento se fija en cinco días, podríamos comprender que hasta 6,25 g se deberían perseguir mediante la aplicación de la LO 1/92. Por encima de esa cantidad la infracción se perseguiría en la vía judicial.

Cuando hablamos del CANNABIS nos estamos refiriendo al hachís, marihuana, aceite de hachís y todos sus derivados. En relación a estas sustancias que causan menos daño a la salud que las antes tratadas, existen sentencias algo más “elásticas” en cuanto a las cantidades fijadas, no obstante se establecen las que siguen:

1º.- El consumo medio diario de hachís se fija en 5 g, lo cual, y teniendo presentes los cinco días de autoabastecimiento que la Justicia viene permitiendo, nos da un máximo de 25 g. Por tanto, para poder ser sancionado administrativamente no podría superarse dicha cantidad, siendo penalmente perseguible la causa si el peso arrojado es superior a 25 g descritos.

2º.- Mediante la Circular 1/84 antes comentada y la tabla elaborada por el INT, se establece que en los casos de marihuana la cantidad media diaria de consumo es de entre 15 y 20 g. Multiplicados estos gramos por los consabidos cinco días de abastecimiento para autoconsumo, arrojan la cantidad total de 100 g de peso. Es perseguible judicialmente toda tenencia que supere el peso referido.

3º.- En cuanto al aceite de hachís se establece el consumo medio diario en 0,6 g, por ello, y tras computar el máximo de cinco días del posible autoabastecimiento, serían 3 g los máximos permitidos sin reproche judicial, aunque sí administrativo.

No obstante, aunque la Circular y la tabla del INT se sigan teniendo presentes, el TS, a la vista de las infinitas sentencias existentes al respecto, incluidas las suyas, viene permitiendo cantidades algo mayores llegando a aumentar, a veces, hasta un total de diez días el autoabastecimiento. Para ello, es posible que el Alto Tribunal haya tenido en cuenta la menor lesividad para la salud de estas tres sustancias derivas del cannabis (menor daño si se compara con la cocaína, heroína, etc.).

PARA CONCLUIR

En este artículo he referido, exclusivamente, los casos de incautaciones de sustancias tóxicas, estupefacientes y psicotrópicas PROHIBIDAS, pues existen sustancias estupefacientes que, debidamente administradas y prescritas facultativamente, son  legales y beneficiosas para la salud (fármacos).

Teniendo lo anterior siempre presente, se debe saber que las cantidades que se han plasmado como máximas permitidas administrativamente, y cuya superación pudiera ser constitutiva de infracción penal, están referidas a la incautación de la droga sin la existencia de indicios “extras” de incriminación delictiva. Así pues, de existir otras evidencias, como por ejemplo dinero fraccionado en cantidad medianamente sospechosa, báscula de pesaje, distribución de la droga en monodosis, comercialización, etc., no habría que dudar mucho para reprender de modo judicial, incluso aunque las cantidades no llegaran, siempre, a las permitidas para el propio autoconsumo.

También es necesario dejar claro que en este trabajo no se hace mención al concepto de la Notoria Importancia, pues ese tema, en principio, no es de directa valoración policial. Será a la autoridad judicial a quien le competa la existencia o no de la Noria Importancia, para así solicitar o imponer penas más o menos elevadas a los acusados o condenados.

Como ya se dijo en otro momento del artículo, según el área territorial del país, en atención a las particulares circunstancias e incidencias relativas al consumo y tenencia de drogas prohibidas, así como el tráfico de estas, las fiscalías especializadas darán instrucciones a la fuerza pública para que la praxis se lleve a término de una u otra manera; sin que forzosamente sea esta práctica igual en todas las zonas.

Como claro ejemplo de lo anteriormente expresado, sirva el caso de una demarcación policial concreta, que no voy a revelar, en la que la práctica diaria es la que sigue:

-       Cuando de hachís se trata, si lo incautado arroja un peso de entre 20 y 59,9 g, se procede a instruir atestado policial por delito CSP, imputando al portador sin proceder, necesariamente, a su ingreso en calabozos. Se entregará citación para juicio rápido. Si el peso arrojado es menor a 20 g se levanta acta en virtud de la LO 1/92. Si el portador de la sustancia (entre 20 y 59,9 g) no tiene domicilio conocido y no da fianza bastante a los agentes actuantes, se produciría la detención con ingreso en calabozos (Art.495 Ley Enjuiciamiento Criminal, como la detención por falta penal).

-       Si el peso del hachís es igual o superior a 60 g se procede a la detención del portador y a su ingreso en calabozos, acusado de un presunto delito CSP.

-       Cuando de papelinas estemos hablando, sean de cocaína, heroína o de una mezcla de ambas sustancias (rebujito), si estas suman un total de 10 monodosis se procede a la detención e ingreso en calabozos, así como a la instrucción de diligencias por un presunto delito CSP. Cuando la cantidad es menor a 10 papelinas se levanta acta por infracción a la LO 1/92.

Creo que huelga decir que sea cual sea el supuesto y el lugar en que se lleve a cabo la intervención, siempre habrá que dejar reseñado en diligencias, y en su caso poner a disposición judicial, todas aquellas circunstancias u objetos que se presuman relacionados con el delito CSP por el cual se esté instruyendo el atestado/comparecencia.■