Y SIGUE PASANDO: aquí también sangramos…

Por, Ernesto Pérez Vera

Sé que lo he dicho y redicho muchas veces, hasta se me ha criticado por insistir en ello, pero la situación no permite obviarlo y regreso con lo mismo.  A tenor de las noticias, parece que en nuestro país cada día se producen más situaciones policiales que requieren del uso del arma de fuego. Aunque en los años ochenta yo era un crío, recuerdo que la cosa estaba disparatada en cuanto a atracos y atentados terroristas, casi siempre con luctuosos resultados. Capitales de provincia, ciudades “menores” y pueblos se vieron, como si de una enfermedad se tratara, contagiadas por el “¡arriba las manos, esto es un atraco!”.  Hoy, a veces, parece que no hay tanta distancia con aquellas pretéritas fechas, a excepción de los atentados terroristas, que ahora se dan menos.

Rara es la semana que no conocemos la perpetración de un atraco a sucursal bancaria, joyería, peletería, estanco, gasolinera, etc. Ciertamente esto ha existido siempre, pero se me antoja, nuevamente a tenor de los datos que nos son proporcionados, que en la actualidad los disparos vuelan en mayor número que antes. Sea como fuere, en los últimos años demasiada sangre ha sido derramada en el pavimento de nuestras ciudades, y sigue pasando. Al margen de los sucesos acaecidos en los clásicos atracos, no pueden ser olvidados los acometimientos que sufren los policías durante la identificación de personas (diligencia básica policial) o en el trascurso de otras acciones policiales cotidianas. La sangre vertida es a veces la de los malvados delincuentes —la buscaron y la encontraron—, otras la de los siempre mal comprendidos policías y en ocasiones la de personas ajenas a cualquiera de las partes. Esto último, si se me permite, es más doloroso aún.

Conocida esta realidad por quienes mandan y gobiernan los cuerpos de seguridad, o sea la Administración al final del camino, nunca se han efectuado estudios serios y contrastados sobre las circunstancias que se dan antes, durante y después de un enfrentamiento policial armado. Nadie se ha planteado firmemente si los agentes que trabajan armados saben emplear sus armas de fuego de modo seguro y desenvuelto, fuera de la galería o campo de tiro (muchas veces tampoco dentro de las propias canchas de tiro). Nadie ha querido admitir jamás que la formación en esta materia es nimia casi siempre e inexistente en ocasiones. Nadie se atreve a decirlo en voz alta y por ello algunos desconocen estas circunstancias que para otros es reales y cotidianas.     

Poner en marcha un proyecto de esta naturaleza supondría la inversión de tiempo y dinero. De lo primero sobra casi siempre a quienes tienen que tomar la decisión, y lo segundo nunca quiere soltarse, ni antes que sobraba ni ahora que vamos apretados.  Puede que no interese mucho a casi nadie. De concluirse un estudio y análisis sobre cómo, cuándo y por qué se producen bajas en las filas de las fuerzas policiales, puede que el castillo de naipes que algunos se han montado se venga abajo. Puede que a resultas del estudio haya que aumentar los costes para subsanar los errores detectados —ahora ya con datos—. Posiblemente habría que admitir, aunque fuese con la “boca pequeña”, que lo que se venía enseñando y entrenando no sirve. No salva vidas. Puede que incluso se desvele que fue contraproducente en algunos casos.

Todos tenemos en la mente episodios en los que por tener la obligación y necesidad de disparar, agentes de policía de nuestro país hirieron a sus acometedores o incluso acabaron con sus vidas. Otros casos nos estremecen cuando recordamos que en nuestras filas hubo fallecidos o heridos. Pero no hay que olvidar que a veces salen a la luz sucesos en los que, de modo involuntario, los funcionarios produjeron lesiones o pérdidas de vidas humanas en la población civil (daños colaterales, inocentes). Solo por la cercanía extrema en el tiempo, amén de por el protagonismo mediático del momento, recordaré el Caso Puerta del Sol (Madrid 6-5-2010) y el acaecido el 25 de mayo de 2012 en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). En el primero de los casos un agente de la Policía Municipal de Madrid disparó a un sujeto que lo atacó con un arma blanca, a muy corta distancia. El policía disparó tres veces contra su agresor, consiguiendo que cesara la hostilidad cuando el tercer proyectil lo alcanzó (todos los disparos tocaron el blanco). Lo lamentable es que un proyectil atravesó el cuerpo del delincuente, rebotó en el suelo o en una pared e hirió a un transeúnte al que provocó lesiones muy graves. Existió sobrepenetración (presente en muchísimas casos documentados).

En el caso del municipio sevillano de San Juan se produjo otro rebote, según todos los indicios (el caso está aún sin juzgar). Nuevamente un proyectil disparado por un funcionario, en este caso del Cuerpo de Policía Local de San Juan, parece que rebotó en el trascurso de un intercambio de disparos con dos atracadores armados. Los ladrones abandonaban una entidad bancaria en la que acababan de perpetrar un robo, cuando fueron sorprendidos por dos policías. De los aproximadamente ocho disparos que efectuaron los funcionarios, dos alcanzaron eficazmente el tórax de uno de los asaltantes. Otro proyectil, según parece, rebotó e impactó en la cabeza de una señora que esperaba el autobús a veinte metros de distancia de la escena principal.

Se conocen en España pocos estudios de campo sobre armas y su uso policial.  Me refiero a trabajos efectuados por cuerpos autóctonos. En un caso se invirtió en conocer qué llevaba a los miembros de un determinado cuerpo a suicidarse. Pero lo que de verdad importaba era que los suicidios se llevaban a cabo, principalmente, con las armas de la institución.  ¿Lamentable, triste o vergonzoso? No lo sé. Lo que sí sé es que en ese cuerpo se producen anualmente muchos accidentes con  las armas de dotación, y no precisamente porque estén averiadas (siempre que no hay lesiones se ocultan a la opinión pública y al propio mando). Las descargas involuntarias o disparos no deseados se producen por desconocimiento del manejo del arma. Impericia. ¿Por qué? Sencillo, porque no se adiestra bien al personal sino que se le entrena mal y con miedo.  Casi se adoctrina en el terror y fobia al arma. Se inculcan conceptos deportivos a veces y erróneos casi siempre. “Yuyu”, tabú.

Otro cuerpo se preocupó por otra cuestión: la pérdida, sustracción o extravío de las armas de sus integrantes. La cosa es que nadie se ha mojado. Nadie le ha puesto el cascabel al gato. Cuando al felino se le ponga la campanilla, ésta se debería hacer sonar por toda la piel de tiro, digo de toro. Una vez que existiera un concienzudo trabajo con conclusiones finales, debería coordinarse a todas las instituciones armadas a fin de homogenizar la formación de quienes deben proteger al ciudadano.  

Esto ya ocurre en los Estados Unidos de América. De todos es sabido que en los EE.UU. las autoridades judiciales, e incluso la propia sociedad, están muy comprometidas con todo lo que supone la seguridad de sus calles y ciudadanos y, por extensión, también la de sus agentes de la ley (aquí agentes de la autoridad).

Bajo la directa dependencia del Departamento de Justicia norteamericano, el Federal Bureau Investigation (FBI) es la agencia federal encargada de recopilar múltiples datos sobre delitos en general. Esa información, una vez es tratada y analizada, se vuelca en un complejo programa informático de estadísticas. El programa Law Enforcement Officers Killed and Assaulted (Leoka), u Oficiales de Policía Asaltados y Asesinados, es el que emplea esta agencia para estudiar todo lo concerniente a la muerte y asaltos de los oficiales de policía de la nación. Por cierto, el oficial es a ellos lo que a nosotros el agente.

Escarbemos  un poco en el tiempo. Ya en 1937 (hace más de 70 años) una comisión compuesta por funcionarios del Departamento de Justicia comenzó, muy comprometidamente, su singladura en el mundo del análisis estadístico de temas relacionados con asuntos policiales. Desde el principio se dieron anualmente a conocer las cifras de los agentes de la ley fallecidos en el cumplimiento del deber.  En 1960 las estadísticas se ampliaron con más parámetros. Desde ese momento no solamente se analizaron y publicaron cifras y circunstancias relativas a los policías fallecidos, sino que también se dieron a conocer los casos referidos a incidentes que únicamente produjeron lesiones, sin aquel funesto resultado.

En junio de 1971 la Conferencia de Aplicación de Ley solicitó al FBI una mayor implicación en la investigación y prevención de las confrontaciones armadas. Naturalmente el FBI aceptó el reto y se implicó más a fondo. La primera medida adoptada fue la de aumentar el número de datos y patrones en las encuestas sobre agresiones. Entre 1972 y 1982 se emitieron dos informes anuales. Fueron años con muchas bajas policiales. En septiembre de 2001, como consecuencia del brutal ataque terrorista sufrido por el país (11-S), perecieron en el ejercicio de sus funciones setentaiún (71) agentes de policía. En el informe emitido sobre ese año, Leoka 2001, las setentaiuna víctimas no fueron incluidas en él. Las singulares circunstancias del caso así lo aconsejaron. Este incidente marcó un antes y un después en la forma de entender la seguridad nacional y también la internacional o global.

Gracias a lo detallado y afinado de los actuales informes del FBI, en diversas tablas informativas se pueden conocer datos tales como: edad y raza o etnia de los agentes asesinados (también de los atacantes), estado y localidad donde se produjeron los hechos y calibres y tipo de armas empleadas por los agresores. Incluso se puede conocer el número de agentes que portaban chaleco de protección balística cuando fueron agredidos. Cifras relativas a los ataques sufridos con otro tipo de armas (blancas, contundentes o circunstanciales) son también publicadas en estos dosieres. Las franjas horarias en las que se produjeron los hechos, así como las estaciones o meses del año, son también analizadas y dadas a conocer. Revelador y fundamental en estos estudios son los  datos que relacionan el tipo de servicio ejercido por los agentes asesinados/atacados y las distancias a las que fueron acometidos. Este dato es crucial. Con esta información se puede llegar a obtener conclusiones serias de aplicación eficaz en la prevención de nuevos ataques. Esta información es imprescindible para formular y diseñar ejercicios realistas de entrenamiento.

Pese a que el FBI es quien emite los informes más respetados mundialmente, pueden existir datos o estudios obtenidos por otras agencias o cuerpos policiales del mismo país. Por ello hay que ser cauteloso a la hora de comparar estadísticas. En cualquier caso, seguro que se obtienen reveladores indicios de qué es lo que ocurre ahí fuera, cómo ocurre y cómo se responde ante las agresiones. ¡Impulsemos un Leoka made in Spain, ya!■